Austeridad y vulnerabilidad: el caso de los pensionados de Nicaragua
Abstract: Nicaragua is the second poorest country in the western hemisphere. Their economic crisis is so severe that over 50,000 senior citizens are denied a pension that is rightfully theirs under the premise of austerity. Part of the strategy of Daniel Ortega’s government to remain in office is to provide “solidarity funds” to people who earn less than 300 dollars a month. But the government’s debts has avoided the Nicaraguan Institute for Social Security to comply with its obligations. When austerity measures, which are supposed to be temporary, become a permanent policy which deprives senior citizens from their hard-earned pensions, are they not supposed to protest?
Nicaragua, el segundo país más pobre del hemisferio occidental (solo superado por Haití), enfrenta graves problemas presupuestarios. Con un 42.5% de su población viviendo por debajo del índice de pobreza, una tasa de subempleo del 49.1% a 2012 y una economía basada en préstamos internacionales, Nicaragua se mantiene a flote a duras penas mediante inyecciones de dinero dadas por el Fondo Monetario Internacional, una incipiente estrategia de turismo y una muy débil economía de servicios terciarios.
Dado el impacto que la crisis económica mundial suele tener en los países sin estructura de producción propia (como ya se dijo, la nicaragüense depende de préstamos y su principal ganancia viene de la prestación de servicios), no es de extrañar que mientras otros países concentran sus esfuerzos en recortar gastos, Nicaragua se vea forzada a crear programas sociales de asistencia dirigidos a apoyar las débiles economías familiares.
Anciano apoyando a la Unidad Nacional del Adulto Mayor en su lucha por la pensión reducida. Managua, Nicaragua, 20 de junio 2013. Foto de jorgemejia en Flickr, Licencia Creative Commons CC BY 2.0
El colectivo de adultos mayores presenta niveles de pobreza importantes, si bien la incidencia e intensidad de la misma es inferior a la media nacional. Asimismo, la desigualdad dentro de este colectivo supera incluso a la exhibida por la población total. Sin otra posibilidad de ingresos y sin apoyo estatal, los adultos mayores están prácticamente abandonados por el estado nicaragüense. Actualmente, un 43.9% de los empleados formales, por demás minoría en Nicaragua, no cotiza a la seguridad social. El Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), ente encargado de los servicios de salud para asalariados y sus pensiones, maneja un sistema de pensiones escueto y desigual, que no está equipado para un aumento en la expectativa de vida (ahora de 74 años), y excluye a un grupo estimado de 54,872 de personas jubiladas durante la década pasada, quienes no cumplen con el requisito de haber cotizado al sistema de pensiones durante al menos trece años, ya sea por informalidad del patrono o subempleo.
En vista de lo anterior, la campaña presidencial que permitió a Daniel Ortega retener el poder en 2012, diseñó una modalidad especial del bono solidario para los jubilados: una contribución monetaria que va de los $50 a $100 USD mensuales, que no está respaldada por decreto ejecutivo o iniciativa de ley alguna por no provenir de fondos presupuestarios, sino de las ganancias de una empresa de asocio público-privada. La función del bono solidario, entonces, es suplir la pensión que el gobierno niega a los jubilados, escudándose en que provienen de fuentes de financiamiento diferentes. Sin embargo, la Ley General de Seguridad Social ya contempla que quienes cotizaron durante al menos 250 semanas tienen derecho a recibir una pensión reducida, la cual ronda los $125 USD. La gestión de Ortega lo sabe, mas decide reemplazarla con asistencialismo económicamente insostenible (pero con un importante caudal político), algo que de hecho es una política de estado.
Alrededor de ocho mil adultos mayores reciben este bono, por demás insuficiente en la economía nicaragüense. Durante más de cinco años han buscado acceder al beneficio de la pensión reducida (para la cual abonaron durante su vida laboral), pero el gobierno se excusa en que no existen fondos presupuestarios para extender este beneficio. Esto, cuando el estado nicaragüense adeuda $611 millones de dólares a la seguridad social (dinero que fue utilizado para comprar medios de comunicación), es lo que impulsó al colectivo de adultos mayores a ocupar la sede del ente de seguridad social en demanda de la anulación del bono solidario y la implementación de la pensión reducida. Ante ello, en una medida escandalizante, Ortega respondió con represión a los jubilados y quienes los apoyaban en la toma de edificios en la madrugada del 20 de junio de este año.
Durante la más reciente elección presidencial (en 2012), uno de los programas que garantizó el voto de la población a favor del partido en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fueron los “bonos cristianos socialistas solidarios“, una contribución gubernamental de $24. 30 USD a los empleados formales que devengan menos de $300 USD mensuales en un país donde la canasta básica cuesta alrededor de $410. Este bono proviene no del presupuesto, sino de las ganancias generadas por ALBANISA, empresa petrolera de capital mixto entre Venezuela y Nicaragua, en operaciones desde 2009. Una de las expresiones de este bono, quizá la más frágil de todas, es la entregada a los jubilados excluidos del sistema de pensiones.
El riesgo de los programas asistencialistas es que no existe una garantía de demanda que permita al beneficiario asegurar el cumplimiento del mismo una vez la gestión actual deje el poder. Las medidas de austeridad, que para otros países son coyunturales, resultan ser permanentes en Nicaragua, lo cual su población está acostumbrada a escuchar. Sin embargo, con los saldos nacionales siempre en rojo y la negativa estatal de reordenar su deuda con el INSS, los jubilados nicaragüenses son, hoy más que nunca, los más perjudicados por una austeridad que parece ser eterna.
