La doble moral en el gasto público colombiano

Dinero. Foto de Rafa Otero ArchiM en Flickr. Licencia CC BY-SA 2.0.

Abstract: It is hard to tell if government spending cuts and austerity measures are good or bad to deal with deficits and financial crisis. In Colombia, the tendency to reduce public spending has affected sensitive sectors like education and health. This is far from being unnoticed, there have been lots of protests against such policies, because of their impact in achievements gained throughout decades of struggle. But the problem is not only that there is less money to spend, but on the double standards on how to spend it. How is it possible that while schools and hospitals don’t have enough money, the political elite of the country even considers to increase their pensions and to buy new cars? 

Es muy difícil responder la pregunta de si las políticas de austeridad y recortes en el gasto público tienen beneficios en las poblaciones. Durante décadas, los economistas han tratado de defender tanto el gasto público como las políticas de austeridad y no existe una fórmula mágica que permita tomar decisiones macroeconómicas como éstas de manera inequívoca. Lo que sí es cierto es que en América Latina el panorama en las medidas de ajuste y gasto de los estados ha sufrido un cambio trascendental a partir de la década de los noventa, con los condicionamientos basados en los 10 puntos del Consenso de Washington. Desde entonces, las decisiones del gasto y las medidas de ajuste no se toman de forma autónoma por los gobiernos, sino que están condicionadas por compromisos frente a instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Lamentablemente esto ha repercutido en la falta de legitimidad y en el rechazo de las medidas de ajuste, pues se ven como imposiciones externas en países con poblaciones pobres.

Colombia no es ajena a esta realidad. Desde los 90 el país ha tenido que conciliar las presiones internacionales para lograr reducir el déficit y la deuda pública, con la necesidad de reducir las desigualdades sociales. En un estado social de derecho, se espera por lo tanto que el estado tenga un papel activo en tratar de buscar una mayor igualdad social, subsidiando sectores como el educativo, la salud y la vivienda, entre otros, para favorecer a los sectores más pobres del país. Así pues, entre la tendencia internacional hacia el recorte de gastos y la sucesión de gobiernos neoliberales (la austeridad es uno de los puntos fundamentales del plan de gobierno de  Santos), hacen que los beneficios sociales logrados a costa de décadas de lucha social se vean afectados. Ante esta situación es muy difícil que las decisiones macroeconómicas sean bienvenidas como legítimas o acertadas por muchos colombianos.

Pese a esto, y al impacto que estas decisiones tienen en nuestra vida cotidiana, creo que el problema no está en la política de austeridad sino en la doble moral que la rodea: por un lado, grandes protestas se generan en torno a la presión internacional que coarta la libertad soberana de decidir, pero por otro lado están las más indignantes acciones que reducen los recursos para la educación y la salud, y gestiona, o en el mejor de los casos, tolera gastos exorbitantes para beneficiar a la clase política del país. No hay plata para mejorar el sistema de salud, ¿pero sí se puede discutir el incremento en las pensiones de congresistas y magistrados de las altas cortes? ¿Los estudiantes tendrán que obtener préstamos para financiar su educación, mientras que los congresistas pueden comprar camionetas blindadas cada año? Mientras que se habla de austeridad, de déficit, de deuda pública, mientras se vive diariamente la pobreza, parece mentira que el Congreso realmente tenga que ocuparse de los beneficios de unos pocos a costa de sacrificios de muchos. Afortunadamente, ni se ha aprobado la compra de las camionetas a los congresistas, ni se ha aprobado la ley para incrementar la pensión de los magistrados y congresistas; sin embargo, esa austeridad aún no se refleja en una mejor calidad de vida y se sigue sacrificando la educación y la salud. Por lo tanto la población no está mejor gracias a las políticas fiscales de recorte y austeridad. Tal ineficacia tiene que ver también con la ineficiencia en la asignación de recursos, en la recaudación, en la imposición de trámites costosos y los índices de corrupción del país.

Por su parte, a diferencia de otros países de la región, Colombia tiene un conflicto armado desde hace más de 40 años, por lo que el rubro militar tiene que ser tenido en cuenta al momento de entender las políticas del gasto público y de austeridad. Si bien según el informe del Banco Mundial, en los últimos años Colombia ha reducido el gasto militar a un 3.3% del PIB hacia el año 2012, sigue siendo el país que más gasta del continente. Pese a esto, en un país con claras deficiencias económicas, más de uno está dispuesto a debatir la posibilidad de reducir el gasto militar si esto repercute positivamente en otros sectores; sin embargo no existen garantías de que la reducción en un rubro mejorará las posibilidades de otro. Hay mucho en juego: aproximadamente un 80% de los servidores públicos hace parte del sector Defensa, cuya área más representativa es la de su pie de fuerza, que se estima en 373.000 efectivos. El impacto económico y social de la reducción en el ámbito de defensa es algo a tener en cuenta seriamente. Además, los datos muestran que, si bien el gasto en educación es del 4.5% del PIB, mayor que el gasto militar, puede verse una reducción del gasto con respecto a anteriores años (4.8 y 4.7 para 2010 y 2009 respectivamente).

Entonces las políticas de austeridad son legítimas siempre y cuando se justifiquen los recortes de manera transparente y clara y esos recortes vengan acompañados de políticas de incentivo al sector privado, de paliativos o alternativas viables para los sectores más afectados. Por lo tanto, puede afirmarse que a pesar de que la tendencia de reducir el gasto y asumir políticas de austeridad es global, más aun luego de la crisis de 2008, las causas, el origen y la efectividad de las medidas son aspectos muy distintos en cada país, cómo también son los efectos que dichas medidas tienen en las distintas poblaciones. Ciertamente, lo mínimo que se espera de estas medidas es que no sean peor que la enfermedad que las causa.

Según la política fiscal las predicciones para este año para el gasto público son: