Distribución de tierras en Colombia, ¿por dónde empezar?

*Photo: Pedro Querejazu

Abstract: The issue of land ownership in Colombia is related to a long legacy of landlords’  power, drug trafficking and the armed conflict that has caused 4 million displaced people. So much arable land… so few owners. Where could one start to identify a possible solution for a problem that has always been there?

Hacer un viaje hacia la costa Caribe colombiana puede ser una de las experiencias más impactantes. La belleza del paisaje contrasta con la realidad: los caseríos de los campesinos están ubicados en línea a lo largo de la carretera; detrás, extensiones impresionantemente grandes de tierra fértil encerradas por alambres de púas. Claramente son tierras que no les pertenecen. Pasar a lo largo de un predio privado en Colombia, puede tomar por lo menos media hora en carro, finaliza un predio y comienza otro de igual o mayor extensión. Colombia es el país de América Latina con índices más altos de concentración de tierra. Esto es sumamente crítico si se piensa que es un país eminentemente agrícola y que busca ser una potencia en seguridad alimentaria.

En el país ha habido varios intentos de implementar una reforma agraria, la primera en la década de los 30. En los años 60 se lograron algunos avances en la asignación de tierras a los campesinos, pero el proyecto de reforma agraria se frustró cuando en 1971 el gobierno cedió a las presiones de los terratenientes, protegiendo sus propiedades a cambio de un impuesto adicional. Este acuerdo se conoce como el Pacto de Chicoral. “En 1962 se estimaba que casi un millón de familias campesinas trabajaban la tierra y carecían de parcelas. Medio siglo más tarde, solo el 10 por ciento de ellos han recibido tierras”.

Las reglas de competencia en el sector agrícola demandan la tecnificación de los procesos o la utilización de grandes extensiones de tierra. El campesino en Colombia carece de ambas. La necesidad de contar con grandes extensiones de tierra para actividades como la ganadería y la agricultura ha tenido fuertes repercusiones en los índices de deforestación. En Córdoba (una de las zonas agropecuarias más importantes del país), 69% de la tierra son pastos, 19% bosques plantados y solamente 3% de bosques naturales. Además, la apertura económica demanda de políticas de internacionalización del agro. Para hacer frente a esa situación, en el 2009 el gobierno diseñó un programa de subsidios llamado Agro Ingreso Seguro, que terminó en un escándalo por fraude y malversación del dinero que era para los campesinos y terminó  en manos de familias ricas, algunas de ellas ni siquiera dedicadas a la actividad agropecuaria. Ahora, las políticas frente al campo son vistas con recelo y ninguna ha logrado aliviar  la adversidad de los campesinos ante el impacto climático causado por las inundaciones de los últimos años.

Como si esto fuera poco, el tema de la tierra en Colombia se une al del conflicto armado y el narcotráfico. Guerrillas, paramilitares y narcotraficantes se han apropiado por la fuerza de las tierras de innumerables familias en todo el país, o las han amenazado para que las abandonen. Los dirigentes campesinos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, han sido perseguidos y asesinados. Los cultivos de pequeños y medianos propietarios se han visto afectados también por las fumigaciones que el gobierno realiza como parte del Plan Colombia para erradicar los cultivos ilícitos.

A través de la Ley de víctimas y restitución de tierras, se busca otorgar títulos de propiedad a las poblaciones víctimas de la violencia y a los campesinos desplazados. El proceso no ha sido fácil, porque muchos temen volver a sus tierras por temor a represalias o persecución.