En Colombia son los jueces quienes ponen a marchar el sistema de salud

Hospital de suburbio. Foto de Carol García / SECOM. En Flickr, licencia CC BY 2.0

Abstract: What can be worse than death? A bad health system. The healthcare system in Colombia is on life-support. This crisis has been going on for a while now, but last year the situation got so bad that several medical institutions had to declare bankruptcy. Hospitals don’t have the capacity to respond the amount of patients that try to access their services, or sometimes they are not well equipped to overcome urgent, yet complex situations. Corruption and maladministration are the main causes for such scenery: people dying in a waiting room or being neglected because they don’t have their ID. The situation is much worse for populations living in rural areas or in indigenous territories. The alternative has been juridical. The Constitution contemplates legal action to have fundamental rights protected and abided. This action called Tutela, was supposed to be exceptional, but today is more the rule than the exception. Judges and tribunals are the ones making health institutions to enforce what they are supposed to be doing on the first place.

¿Qué puede ser peor que preferir la muerte? Un mal sistema de salud. El sistema de salud en Colombia ha estado en crisis desde hace tiempo. Sin embargo, en el 2012 la situación se acentuó debido a la quiebra y cierre de varias entidades prestadoras del servicio de salud. Finalmente todo se reduce a los recursos económicos y no necesariamente a su ausencia sino a su mala o pésima administración. El sistema de salud es indignante e indigno: no puede ser que las personas mueran en una sala de urgencias esperando ser atendidas; que las tengan que llevar de un hospital a otro; o que simplemente le nieguen el acceso a la atención médica porque no tienen carnet.

El sistema de salud en Colombia está compuesto por dos tipos de regímenes, el contributivo y el subsidiado. En el primer caso, la salud es pagada por el empleado o trabajador a través de deducciones que con tal fin se le hacen de su salario. Los empleadores cubren dos tercios de la cobertura y el trabajador un tercio. Los trabajadores independientes también pueden afiliarse y hacer abonos a las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud, EPS. Cuando se accede al servicio se tiene que pagar copagos y cuotas moderadoras, y no cubre la totalidad de los servicios sino los que estén establecidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS (actividades, procedimientos e intervenciones en salud y servicios hospitalarios, y más de 730 medicamentos para la atención de toda y cualquier condición de salud, enfermedad o patología para usuarios de todas las edades). Es decir que lo que no está incluido en el POS debe correr por cuenta de la persona.

Los que no tienen empleo y son de estrato uno o dos (la estratificación en Colombia va de 1 a 6 siendo el primero el más bajo), tienen derecho a acceder al régimen subsidiado por el Estado, pero tienen que pagar el 5 y 10% respectivamente. Para lograr acceder al régimen subsidiado las personas o las familias deben obtener un determinado puntaje en el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales, Sisbén, que es esencialmente un sistema técnico de información del gobierno para identificar y clasificar a los hogares, familias y personas, conforme a sus condiciones de vida. Dentro de los programas sociales del Sisbén se encuentra el régimen subsidiado de salud, la red hospitalaria y la vivienda. En consecuencia, al no lograr registrarse, inscribirse, o no obtener el puntaje adecuado, un número muy importante de personas en el país no alcanza a tener ni siquiera la cobertura en el régimen subsidiado.

En 1993 se pasó de un sistema de salud solidario a uno privatizado. A partir de una muy polémica ley el gobierno entregó a entidades privadas la administración en salud. Estas entidades se llaman Entidades Prestadoras del Servicio de Salud o EPS y son quienes se encargan de pagar a hospitales, personal médico y laboratorios por los gastos en los que incurran los afiliados. Son estas entidades las que indican qué hospital puede atender al afiliado, y de ellas depende la realización de exámenes vitales y urgentes, así como la remisión de un médico general a la consulta con un especialista. Todo esto se puede resumir con una palabra: burocracia. Con el paso del tiempo, aunque simplemente haya pasado una década, estas entidades prestadoras del servicio se han hecho insostenibles económicamente por la mala administración de los fondos. El resultado es la negación al derecho a la salud por aspectos burocráticos que están lejos de ser comprendidos por la población; no dan las autorizaciones para la realización de exámenes médicos, medicamentos, cirugías. Obtener la remisión a un especialista puede tomar de 2 a 6 meses; y los trámites para obtener las autorizaciones para medicamentos o exámenes es un calvario.

“En Bogotá, un hombre desesperado se subió al último piso de una clínica, con la amenaza de arrojarse al vacío, porque llevaba ocho meses rogando en Saludcoop que le dieran una cita con el doctor. Esa misma noche, en Cartagena, el médico de turno en un hospital fue agredido a trompadas por un obrero que estaba en la recepción desde hacía tres días. Ya no aguantaba más el dolor de cabeza. Había sufrido una embolia cerebral”. Noticias como ésta son el pan de cada día en el país.

La cobertura aún es precaria, y en un país tan desigual como Colombia, la situación para las personas que viven en áreas rurales o pueblos alejados de las grandes ciudades es casi incomparable. No tienen los suficientes médicos y cuando los hay, éstos no tienen ni los equipos ni las medicinas para atender enfermedades y urgencias que en otras circunstancias no harían que la vida fuera tan frágil, como pasar por el Niágara en bicicleta. Ni qué decir de los resguardos indígenas. Nunca olvidaré el relato de un indígena al que le tomó 8 días de viaje en canoa, a pie y en camión para llegar a una cita  médica, cuando al fin llegó le dijeron que había perdido la cita por llegar 20 minutos tarde.

Las EPS afirman que esta restricción al acceso a la salud tiene como fin tapar el déficit presupuestario en el que se encuentran, pero también porque se han convertido en entidades con fines de lucro.

Según una interesante labor de investigación, en Colombia, “la salud mueve al año cerca de 38 billones de pesos. La mitad de esa cifra monstruosa proviene de los dos regímenes que operan en el país: el contributivo, en el que los ciudadanos que pueden hacerlo pagan de antemano su propia atención, y el subsidiado, que supuestamente está hecho para proteger con dineros públicos a los más pobres. Como si fuera poco, la ineficiencia ha llegado a tales extremos que los pacientes, aunque hayan comprado un seguro, tienen que cancelar cada año 8 billones más de su propio bolsillo para que los atiendan. El resto, unos 11 billones anuales, los aportan la Nación, los departamentos y los municipios. Es decir: todos los colombianos que pagan impuestos”. El problema es que las EPS reciben el dinero de las fuentes, pero no pagan los servicios prestados a hospitales, laboratorios y centros de atención médica, y deben alrededor del 60% de su patrimonio. Esto lleva a que los hospitales quiebren y la nómina de los médicos haya quedado congelada desde 2001.

La negación al acceso a la salud ha adquirido en el país un nombre propio: paseo de la muerte. Se trata de personas que mueren en las ambulancias, porque los hospitales se niegan a recibirlos por no portar el carnet de la EPS o personas que pasan de institución en institución y mueren antes de ser atendidos, porque la capacidad de los hospitales ha sido agotada.

El problema es estructural y se requiere un nuevo modelo, ¿pero cual? Ante esta constante, el ciudadano tiene que acudir a las acciones legales constitucionales: la Tutela es una acción constitucional encaminada a la protección de derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la salud. Ante una negativa o retardo injustificado de la EPS, los usuarios se ven en la necesidad de iniciar una acción de tutela, que al tener un trato prioritario y obligatorio, se ha convertido en el mecanismo que empuja el sistema de salud a punta de fallos jurisdiccionales de jueces y tribunales. Sin tutela no hay exámenes urgentes, no hay medicamentos ni cirugías. Esto llevó a que en el 2012 la Corte Constitucional pidiera explicaciones al Ministerio de Salud y Protección Social y le impuso una serie de medidas que casi no se han implementado. Tan grave es la situación que enfermedades que estaban controladas, como la tuberculosis, han reaparecido.

Todo esto entraña una gran contradicción, mientras que el sistema de salud agoniza, Colombia se destaca cada vez más en la calidad del servicio médico. Se destacan áreas como la odontología, la medicina de guerra y la cirugía estética. Los precios son muy competitivos en comparación con otros países desarrollados, y ha dado paso al creciente turismo de salud. Esto, obviamente, es para aquellos que pueden pagar. Para quienes quieren y sobretodo pueden hacerlo, está la posibilidad de contar con un plan de medicina prepagada que les permite ir directamente a un especialista y recibir una atención diferenciada en hospitales y clínicas privados. También está la opción de comprar un seguro de salud.

Fuera de la angustia de la enfermedad, los enfermos y sus familiares tiene que asumir la carga de la ineficiencia y la corrupción. La brillante solución que ofrece el gobierno es que las personas paguen sus gastos médicos con el dinero que supuestamente está destinado a su jubilación o sus cesantías.