Desarrollo vs. sostenibilidad: la polémica Ley del Agua en El Salvador

Abstract: The discussion about the contrast between development and sustainability seems dense and abstract. In El Salvador, however, there is a clear example of the need to seek a balance between both: the controversy over the attempt to pass a Water Act.

The project entered the Legislative Assembly on March 22, 2012, on the same date of International Water Day. After one year of this, not only the law project has not been approved, but has started a controversy in which the most diverse opinions have emerged, in favor and against the projet.

Una pila comunal en El Salvador, un país donde el derecho al acceso al agua ha generado una polémica materializada en la discusión por un anteproyecto de ley. Fotografía: Lorena Saavedra (publicada con su permiso).

“Estrés hídrico” llaman los expertos a situaciones como la que enfrenta El Salvador: un punto en el que el recurso comenzará a escasear.  Es una paradoja triste para un país que cuenta con una riqueza hídrica: cada año fluyen cerca de 23 mil millones de metros cúbicos de agua en sus ríos y acuíferos, pero no llega a todos los que la necesitan, en la cantidad ni la calidad adecuadas.

Esta crisis tiene diferentes causas:

• la escasez, porque el territorio salvadoreño ha perdido capacidad para infiltrar agua;
• el deterioro de la calidad del agua, tras años de procesos urbanos y rurales de contaminación;
• el uso y administración ineficiente del recurso desde el plano institucional; y
• la falta de sensibilización y concientización de la población en cuanto a protección y conservación de los recursos hídricos.

En los últimos 30 años han existido, al menos, cinco intentos gubernamentales por crear un marco legal y rectoría para el sector de recursos hídricos. En 2006 vio luz una propuesta de Ley General de Aguas, que fue retomada desde 2011 por el gobierno salvadoreño, y tras un análisis que se realizó entre varias entidades estatales,  el anteproyecto fue enviado a la Asamblea Legislativa, para su aprobación, el 22 de marzo de 2012, en la misma fecha en que se celebraba el Día Internacional del Agua.

A más de un año de ello, no sólo no se ha aprobado, sino que dio inicio a una discusión en la que han surgido voces a favor de dicha ley, pero también observaciones al contenido de la misma. El centro de la discusión parte de la institucionalidad de la administración del recurso que, según la legislación propuesta, corresponde mayormente al Estado. Gremiales del sector privado y entidades como la Fundación Salvadoreña  para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES),  señalan que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para invertir como se debe en la gestión del agua, y que por ello debe dejarse que el sector privado participe.

La misma Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la mayor gremial del sector empresarial del país, fue la primera en presentar sus observaciones a la ley, por considerar que complica los permisos de explotación del agua para el sector privado, y  da “incertidumbre jurídica” a las nuevas inversiones.

¿La Ley de Aguas en su forma actual puede obstaculizar la inversión o el desarrollo económico? ¿Es este un caso en el que riñen el desarrollo y la sostenibilidad? Juan Marco Álvarez, director ejecutivo del Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible (CEDES) ha sido una de las figuras que aboga por un uso sostenible del agua, pero con una visión más crítica. Para la redacción de esta entrada se le hizo una pregunta: ¿Cree que en el caso de la ley del agua se contrapone el desarrollo económico con un intento de cuidar la sostenibilidad?

Contestó que, si se analiza la estructura de la ley, el principio que incluye sobre sostenibilidad, así como los artículos dentro de la sección de protección y conservación de los recursos hídricos, la pregunta tiene mucho sentido. “Y si además se enfoca en la sección de ‘Usos Preferenciales’ del agua, por ejemplo, la balanza se inclina mucho más hacia el tema conservación y sostenibilidad. De hecho, la prioridad en ‘Uso Preferencial’ es para necesidades humanas primarias y la segunda es para la sostenibilidad de los ecosistemas”, señaló.

“El Salvador no puede darse el lujo de crecer sin revertir la situación crítica en la que se encuentra el recurso hídrico. Y estimo que la legislación se inclina hacia la sostenibilidad del agua precisamente por esa condición. Revertir, por ejemplo, significa restaurar cuencas degradadas, reforestar, prevenir contaminación y montar sistemas de tratamiento de aguas residenciales, entre otras actividades. La realidad es que sin un plan de restauración del territorio con enfoque hídrico, el desarrollo y el crecimiento económico de El Salvador está seriamente amenazado”, señaló.

El problema actual de la ley, en su opinión, surge desde la institucionalidad. “Es la fuerte concentración de responsabilidades en el ente regulador y que se vislumbra que este sea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El problema real es la discrecionalidad que puede recaer en el MARN a la hora de tomar decisiones relacionadas con el agua. De hecho, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales hoy día, tiene la mala fama de haberse convertido en un fuerte obstáculo al desarrollo del país y tiene una agenda muy contraria al sector privado. En ese sentido, una de las debilidades del anteproyecto de ley que ha presentado el MARN a la Asamblea Legislativa, es que limita la participación del sector privado, además de que no reconoce el potencial aporte del mismo para una gestión integrada del recurso hídrico”, dijo.

En El Salvador el acceso al agua es desigual. En el sector urbano salvadoreño supera el 83%, pero en la zona rural apenas llega al 40%. Según el MARN, al territorio salvadoreño caen anualmente unos 1,869 mililitros de agua lluvia, de los cuales un 32% no llega a los mantos acuíferos, sino que se escurre sobre el terreno, 9.5 % se infiltra hacia el subsuelo y un 58.5 % se pierde en el proceso de evapotranspiración.

El servicio del agua potable lo brinda la estatal Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Durante años, no se pagó el precio real por el agua, gracias a un subsidio estatal. Según expertos, de esta forma no se enviaba la “señal de mercado” de que el agua es un bien preciado que hay que cuidar, ahorrar, racionalizar, y lo mencionan como una de las causas de que no haya una apropiada cultura del agua en el país. ANDA, por su parte, ha iniciado un proceso para focalizar este subsidio, y ya cobra tarifas diferenciadas según el consumo del líquido.

Entre las diferentes partes involucradas en esta discusión hay puntos de coincidencia, como que sin una gestión adecuada del agua no se podrá garantizar la seguridad alimentaria, ni la salud, educación, generación de energía y otras necesidades de la actual y las próximas generaciones. Si estas coincidencias bastarán para que se construya un diálogo más amplio que dé como resultado una Ley de Aguas de mayor consenso, que se acerque al equilibrio entre sostenibilidad y desarrollo, es algo que aún está por verse.