El bolsillo roto de papá Estado

Abstract: At the end of 2012, the debt of El Salvador reached $13,480.1 million, about 56.5% of the Gross Domestic Product. The Government has a limited income but a growing spenditure, and nowadays maintains a list of subsides on products and services that costs over $400 million. This subsides have become the new social contract between the Government and the Salvadoran people, citizens that have become used to receive this “extra help” from Father State.

El Gobierno entrega cada mes $9.10 a cada uno de los 1.1 millones de hogares que están en la base de datos de subsidio del gas propano. Esta es una de las ayudas estatales cuya sostenibilidad financiera está en entredicho. Fotografía propiedad de la autora.

El Estado salvadoreño es como un padre de familia con muchos hijos. Está endeudado, gana poco, ha llegado varias veces a sobregirar su cuenta de cheques y a llegar al límite de sus tarjetas de crédito y, aunque saca créditos para reestructurar su deuda, siempre vuelve a quedar sobregirado.

Papá Estado cree que está haciendo bien. Trata de cuidar de sus retoños. Aunque invierte poco en salud y educación, sí se preocupa porque paguen precios reducidos por el servicio de agua, energía, el pasaje del transporte público y por el gas propano que casi la mitad de los hogares usa para cocinar.

La producción total anual del país es de unos $23,858.6 millones. El dinero del que dispone papá Estado, al menos en 2013, es de $4,505.3 millones. Sin embargo gran parte de estos fondos son usados para el funcionamiento de los poderes legislativo y judicial. Al Ejecutivo, el que realmente saca de su bolsa para dar a la  población los beneficios que mencionábamos antes, le quedan unos $2,703.9 millones.

Con recursos limitados, el Ejecutivo mantiene una batería de subsidios que tienen un costo anual arriba de los $400 millones, un 10% del presupuesto de la nación y un 20% del  presupuesto del Ejecutivo. Pero este dinero no sale precisamente del presupuesto, o se incluye en el mismo, como veremos más adelante.

Estos subsidios son la cara más debatida y visible del contrato social en El Salvador. La gente percibe que el Estado le ayuda porque le da $9.10 al mes para comprar gas, porque le cobra el agua a una fracción de su precio, o porque les regala a sus hijos zapatos y útiles escolares para que asistan a clases.

Este esquema de contrato social ha sido discutido y criticado durante, al menos, los últimos dos gobiernos. Los cuestionamientos principales son que estos subsidios no se han enfocado debidamente en quienes realmente lo necesitan, que no son financieramente sostenibles, que han agravado el deterioro fiscal del país, y que tampoco han tenido impacto en la reducción de la pobreza o la redistribución de la riqueza en el país.

Vamos poco a poco. El subsidio para la energía eléctrica se otorga a los hogares con consumos mensuales menores a 200 kilovatios hora. Un consumo de este monto abarca casas con refrigeradora, hasta dos televisores, otros electrodomésticos más pequeños e incluso lavadora.

Los críticos de este subsidio opinan que bien se podría limitar a los hogares con consumos menores a 99 kilovatios hora mensuales. De cualquier forma, el costo de este subsidio lo cubre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), una autónoma que maneja las represas hidroeléctricas del país, y que ha llegado a destinar más de la mitad de su gasto en cubrir esta subvención estatal.

Luego está el subsidio al agua potable, que cuesta unos $70 millones anuales y corre por cuenta de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). La Administración ha comenzado un plan de focalización, y ya aplica tarifas diferenciadas según el consumo de cada uno de sus abonados.

Uno de los subsidios más cuestionados ha sido el del transporte público. El Gobierno pagaba $750 por cada bus y $375 por microbús, con tal de que el pasaje se mantuviera sin alzas. El pasaje urbano promedio es de $0.20, para un grueso de población con un salario mínimo de $208 mensuales.

Esto significaba un costo anual de $70 millones. Este es uno de los casos en los que papá Estado tuvo que admitir que no le alcanzaba la sombrilla: para 2013, el Gobierno anunció que reduciría el subsidio un 40%, y que entregaría $400 por bus y $200 por microbús, a modo de bajar el costo total anual a $37 millones. Esto ha provocado una batería de protestas de parte de los empresarios del transporte público, que ha incluido paros de labores y amenazas de aumento del pasaje.

Luego está el subsidio al gas propano. El Gobierno solía pagar a las empresas importadoras del producto, para que vendieran el cilindro de 25 libras del producto a un precio fijo de $5.10. Hace dos años el esquema cambió y se entrega $9.10 mensuales a cada familia para que compre el gas, cuyo precio ya se niveló al promedio del mercado.

De nuevo, la falta de focalización ha sido la principal crítica, y papá Estado ha comenzado una nueva reforma, que pasa por depurar el listado de beneficiarios y cambiar el mecanismo de entrega del subsidio. Por el momento, se hace a través de la factura de energía eléctrica, pero el plan es realizarlo a través de una especie de tarjeta prepago.

Los subsidios se mantienen. Se han vuelto una costumbre para la población y un compromiso para los políticos. Los presidentes de turno se niegan a romper este contrato social, pese al costo que significan para las finanzas públicas.

Al cierre de 2012, la deuda externa total de El Salvador era de $13,480.1 millones, un 56.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Este no es un problema nuevo. Cada año se ha ido alcanzando nuevas cifras históricas de deuda, debido a que esto tiene el comportamiento de una bola de  nieve: mientras más grande es, más rápido crece, y en mayor monto.

Con ingresos limitados y un gasto creciente, la deuda se vuelve la última alternativa para financiar el funcionamiento del Estado salvadoreño, un padre con finanzas complicadas e hijos exigentes. ¿Por cuánto tiempo más será sostenible este esquema? ¿Qué pasará cuando se estire tanto la cuerda, que finalmente se rompa? ¿Hay manera de cambiar el contrato social sin descuidar el bienestar de los más necesitados? Son preguntas que muchos se hacen, pero cuya solución los gobernantes tienden a posponer.