Jueces abren un nuevo camino en temas ambientales

Abstract: Argentina’s Supreme Court has started to take action in the environment protection field. First, in order to enforce the process of cleaning of one of the most polluted rivers in the world. The judges have also asked for official environmental information regarding one of the biggest mining projects of the region. When acting strongly, Justice in Latin America can be a powerful institutional tool in order to enforce nature protection.

La Corte Suprema de Justicia de la Argentina comenzó a adoptar en los últimos años una serie de medidas vinculadas a la protección del medio ambiente, que generan impactos concretos y obligan a la adopción de medidas de resguardo a ecosistemas en distintos puntos del país.

El inicio de esta política se remonta a junio de 2006, cuando el tribunal intimó al Gobierno nacional y a los gobiernos locales de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires a presentar un plan de saneamiento del Riachuelo.

Este curso de agua recibe desde hace décadas desechos industriales altamente tóxicos por parte de curtiembres, petroquímicas y empresas productoras de alimentos y según algunas estimaciones se trata de uno de los ríos más contaminados del mundo.

En ese caso, el máximo tribunal de la Argentina también ordenó a 44 grandes empresas instaladas en la zona entregar estudios de impacto ambiental.
La acción de la Corte comenzó luego de que en julio de 2004, un grupo de habitantes de la zona presentó una demanda para reclamar la recomposición del medio ambiente y la creación de un fondo especial dedicado al saneamiento de la cuenca.

El tribunal encabezado por el juez Ricardo Lorenzetti se declaró competente para estudiar el daño colectivo, al advertir que el tema “tiene una prioridad absoluta la prevención del daño futuro, ya que se trata de actos que seguirán produciendo contaminación”.

“Debe perseguirse la recomposición de la polución ambiental”, dispuso la Corte, que ordenó la realización de dos audiencias públicas en las que las partes involucradas dieron a conocer propuestas y su posición sobre el tema. En ese contexto, los gobiernos involucrados presentaron un Plan de Saneamiento del Riachuelo y la creación de un Comité de Cuenca Interjurisdiccional.

En 2008, los jueces dictaron un fallo considerado histórico en el que determinó qué funcionarios debían llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que debían ser ejecutadas y advirtió que si no se cumplía con la orden se podrían imponer multas.

La decisión de la Corte motivó a su vez una serie de medidas adoptadas por tribunales inferiores de manera de avanzar en la aplicación de normativas de protección ambiental.

Este año, el máximo tribunal del país pidió al Gobierno nacional y a la provincia de San Juan información de impacto ambiental vinculada al proyecto minero Pascua-Lama, que es cuestionado por organizaciones sociales y ecologistas.

Pascua-Lama es un proyecto en un territorio fronterizo entre la Argentina y Chile para instalar una mina a cielo abierto, en el que se prevé extraer oro, plata, cobre y que involucra una inversión de más de dos mil millones de dólares.

El Presidente de la Corte justificó la nueva orientación del alto tribunal en materia ambiental cuando reclamó que las instituciones se involucren en el tema a través de acciones “no ortodoxas”.

“La litigiosidad ambiental está avanzando a pasos agigantados en todo el mundo. Es una realidad que en todas las cortes de casi todos los países del globo existen casos ambientales que van creciendo. En particular, en nuestro país en todos los estados tenemos casos ambientales y nuestra Corte Suprema tiene una cantidad muy importante de casos a estudio”, aseguró.

Para el juez, “el derecho es una regla de conducta social y nosotros tenemos que interpretar el derecho de acuerdo al nuevo modelo ambiental; es necesario un cambio de modelo y por lo tanto debemos interpretar el derecho con el contexto natural que hoy todos nosotros sostenemos”.

“Poner de acuerdo la naturaleza con el derecho, el derecho con la naturaleza, es uno de los desafíos más importantes de la teoría legal y también de la actividad judicial”, destacó Lorenzetti.

En América Latina, el Poder Judicial actúa en distintas ocasiones como refuerzo del statu quo, beneficiando a sectores poderosos. El acceso a la justicia por parte de organizaciones sociales resulta difícil y limitado. Las decisiones que las máximas autoridades judiciales adopten para avanzar en la consolidación del derecho a un ambiente sustentable pueden derivar en avances concretos en ese terreno.

(Foto de dandeluca, bajo licencia de Creative Commons CC BY 2.0)