Los costos del crecimiento económico en República Dominicana

En Canoa, Barahona, la basura se acumula al lado del canal de irrigación contaminado. Foto tomada por el autor en el 2008.

 Abstract: Dominicans are witnessing immense change in their country as the effects of sustained rapid economic growth becomes clear. Increased levels of pollution have affected small towns like Canoa and have raised new concerns about protecting the environment. Concerned citizens, aware of the threats growth policies pose to the well-being of the Dominican Republic, took to the streets in 2009 to protest a proposed cement factory and the reopening of a gold mine. Popular demand halted the cement plant; the gold mine reopened in 2012. Even still, continued protests forced the government to renegotiate the terms of the gold mine, a victory for protestors and – we hope – a sign that government policies that promote rapid growth over good stewardship are coming to an end. (You can read the English version of this article here).

Nina no tenía dónde tirar su basura. El basurero oxidado frente su casa ya estaba lleno, al igual que el de la calle vecina, pocos días después de la visita semanal del camión de la basura en Canoa, República Dominicana, una población rural de 3,000 habitantes donde viví como voluntario del Cuerpo de Paz, de 2008 a 2010.

Nina inventó una solución conveniente: echó su basura en el canal de irrigación detrás de su casa. En el 2008, mujeres como Nina les insistían a sus niños y niñas que no nadaran en las aguas turbias del canal. Los días de nadar habían terminado.

El alcalde de Canoa hizo esfuerzos para controlar la basura, que aumentaba debido a un crecimiento estable de las exportaciones de banano, el principal producto del pueblito. Sin embargo, aduciendo falta de recursos de parte del gobierno central, permitió que la basura se acumulara al punto de llenar el vertedero en las afueras del pueblo. Esto bloqueó los canales de irrigación de Canoa, provocando aguas estancadas y olores espantosos. Muchos residentes, como Nina, pensaron que el alcalde y demás políticos deberían hacer más para mejorar la situación.

Los problemas de Canoa no son únicos. Son ejemplos de los variados desafíos que enfrenta la República Dominicana para controlar las consecuencias ambientales, resultantes de dos décadas de intenso crecimiento económico. Las emisiones de carbono se duplicaron desde 1990. Las Naciones Unidas identificaron el manejo de residuos (pdf) como el principal reto para que el país cumpla con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015. Según el Índice de Desempeño Ambiental del Foro Económico Mundial, la República Dominicana tiene un rango pésimo de 94 en el mantenimiento y suministro de agua potable.

Sin embargo, los dominicanos no se han mantenido pasivos ante el deterioro de su medio ambiente. La frustración ante la incapacidad del gobierno de manejar los efectos perjudiciales del crecimiento económico se desbordó cuando, en 2009, las autoridades anunciaron planes para construir una fábrica de cemento a pocos kilómetros del Parque Nacional Los Haitises. Las protestas estallaron en varias ciudades importantes, incluyendo la capital, Santo Domingo. Los ciudadanos opinaron que los políticos estaban tanto desprevenidos como despreocupados por lidiar con los daños ambientales y de salud pública que causaría un proyecto industrial de esa magnitud tan cerca del parque.

El gobierno abandonó el plan para la cementara en 2009 debido a la presión de las protestas y también por la aparición de un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que puso en duda la factibilidad del proyecto. Pocos meses después, sin embargo, los manifestantes retornaron a las calles para protestar contra un plan de la minera canadiense Barrick Gold para reactivar Pueblo Viejo, una mina de oro en el norte del país.

Las manifestaciones contra la cementara, que en sus inicios en el 2009 se enfocaron en la preocupación ambiental, continúan realizándose en 2013 pero ahora incluyen temas relacionados con los efectos negativos del agresivo crecimiento económico y otras preocupaciones sobre salud, trabajo y educación.

Los activistas dominicanos tienen buenos motivos para cuestionar las implicaciones de las políticas de crecimiento. Mientras el producto interno bruto (PIB) creció 600% (entre 1990 y 2010), dos veces más rápido que el promedio regional, una falta de inversión en los servicios públicos empeoró los problemas ambientales (semejantes a los que vi en Canoa), los cuales provocaron las protestas contra la cementara y la mina. Aunque el PIB per cápita (PPP) incrementó de US$2,800 en 1990 a $9,000 en 2010, el porcentaje de dominicanos que viven en pobreza quedó estancado en el 34%. Hay más personas pobres ahora que nunca. Dirigentes de municipios, como el alcalde de Canoa, se quejan de falta de recursos por parte del gobierno federal para manejar los nuevos retos. Los avances nacionales en salud y educación, aunque loables, no son proporcionales con el progreso económico y siguen siendo insuficientes.

Tres años de protestas no impidieron que Barrick retomara la explotación de la mina en Pueblo Viejo, que reabrió en agosto de 2012. Sin embargo, presionado por los manifestantes, el presidente dominicano Danilo Medina renegoció las condiciones de contracto con Barrick, lo que resultó en un aumento de 600% en los pagos netos que recibirá el gobierno dominicano por parte de la minera. Las nuevas condiciones no son ideales. Lejos de ello, el nuevo acuerdo fue una forma tácita de admitir que las políticas que permitieron a Barrick reabrir la mina, eran erróneas. Ojalá que esto represente un cambio hacia un modelo de crecimiento más sostenible, que valore sobre todo el medio ambiente y el interés público.