La izquierda retrocede en Latinoamérica ¿afectará los DDHH?

Ya desde hace un tiempo se viene hablando del ocaso de la izquierda en Latinoamérica. El llamado Grupo Bolivariano, formado principalmente por los paises propulsores en la región del Socialismo del siglo XXI, es decir, Venezuela, Ecuador y Bolivia, empieza a dar señales de que se avecina un cambio del modelo, lentamente en estos países, mientras que aquellos que se sumaron al grupo por similitudes políticas, como Argentina y Brasil, ya abandonaron el modelo o están en proceso de hacerlo.

¿La “Era dorada” de la izquierda latinoamericana? Fórum Social Mundial en 2009. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr via wikipedia.org, CC BY 3.0 BR

Argentina fue el primer país en cambiar de un gobierno de orientación izquierdista a uno de derechas, en diciembre del 2015 Mauricio Macri sucedió a Cristina Fernández de Kirchner y desde entonces el país ha entrado en un proceso de liberalización de la economía. En estos días Brasil ha visto cómo la presidenta Dilma Rousseff fue separada del gobierno en un proceso de ‘impeachment‘ que fue orquestado por la derecha brasileña. Por otro lado, en febrero de este año Evo Morales perdió el referendum que le hubiera permitido postular a un periodo de gobierno más. Sin embargo Evo concluirá su actual mandato todavía en el año 2020. El caso de Venezuela es muy diferente, desde la muerte de Hugo Chávez y el ascenso al poder de Maduro, el gobierno, y el país en general, se van deteriorando cada vez más y nadie tiene idea de hasta cuando resistirá. Por el lado de Ecuador, el gobierno del presidente Correa si bien se mantiene estable, viene haciendo uso de más medidas represivas y de vigilancia, lo cual no suele ser buen síntoma.

Habría que mencionar que en Latinoamérica bajo la denominación de izquierda hay una variedad de proyectos populistas, socialistas, radicales, moderados y un largo etc, pero que en el entendimiento popular y de los medios todos ellos son básicamente lo mismo. Ciertamente similar cosa puede decirse de la derecha, pues obviamente no todas las derechas son iguales. En todo caso un común denominador de los gobiernos de izquierda, entre otros, es el manejo de la economía orientado hacia una mayor presencia del estado, al contrario de los postulados neoliberales donde el estado cede presencia ante el libre mercado.

Pero la pregunta principal ante esta coyuntura es ¿qué pasó entre el pueblo y la izquierda? ¿cómo surgió el desencanto? las respuestas también son diferentes para cada caso, pero en todas hay un elemento importante, el desgaste del poder. En Argentina los Kirchner se mantuvieron en el poder poco más de 12 años, en Brasil el Partido de los Trabajadores dominó por 13 años, Evo Morales lleva 10 años como presidente en Bolivia con perspectiva de 4 años más, Venezuela por su parte lleva 17 años con el régimen de la Revolución Bolivariana. Rafael Correa en Ecuador tiene 9 años de gobierno y su actual periodo concluye en el 2017.

Otra variable a tener en cuenta, sobre todo en el caso brasileño, es la profusa actividad de los grupos de derecha que han venido trabajando una mayor difusión de sus ideas entre los jóvenes y a la vez propiciando protestas populares contra el gobierno. En varios otros casos también la derecha va logrando modernizar su imagen, mientras que la izquierda continúa atada a discursos y propuestas del siglo pasado.

El mencionado desgaste del poder, y el hecho de que los jóvenes, que en los países de la región son uno de los principales grupos electores, reclamen nuevas formas de hacer las cosas, parecen configurar un desencantamiento frente a la izquierda y su quehacer político. No es temerario decir que una percepción creciente respecto a la izquierda es de promesas no cumplidas. En conclusión: quedó como “más de lo mismo” al caer en los vicios y costumbres de los políticos tradicionales, es decir, deseos de perpetuarse en el poder, nepotismo, formación de nuevas élites de poder económico, y, por qué no decirlo, corrupción.

Sin embargo los cambios que se van dando no auguran un gran futuro para el ciudadano común y corriente. En los meses que lleva el nuevo gobierno de Macri en Argentina se han tomado varias medidas que han afectado al grueso de la población, como el sinceramiento del tipo de cambio y el consecuente reajuste de las tarifas de servicios públicos. Los despidos, según un informe, han llegado a la cifra de 141.542, y aunque se propuso una ley para prohibir los despidos, esta fue vetada por el ejecutivo.

En Brasil se anunció que las primeras medidas del nuevo gobierno irán destinadas a reducir el gasto público, lo que incluye despidos de funcionarios del estado, también se eliminará los subsidios a los programas sociales, entre otras medidas. Y mientras por un lado el FMI ha celebrado estas acciones del nuevo gobierno, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por el futuro de los derechos humanos en el país, por medidas como la eliminación del Ministerio de la Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos. Similares preocupaciones se han expresado en Argentina, también. Y es que aunque no siempre van de la mano, la izquierda suele estar asociada a una defensa de los derechos humanos, cosa que no sucede con la derecha.

Así pues, proyectándonos un poco a un futuro cercano en el cual la región cuente con una mayoría de gobiernos neoliberales con tendencias similares a las ya vistas y también a la represión y al desconocimiento de derechos adquiridos, consultamos al sociólogo y activista venezolano de los derechos humanos Rafael Uzcategui al respecto.

El piensa que: “la primera labor de los activistas será defender las conquistas sociales alcanzadas, en virtud del principio de “progresividad” de los derechos. Esto significa que cualquier política pública puede ser objeto de revisión, pero sus resultados deben o mantener o aumentar derechos, no reducirlos. En segundo lugar, dada la intensa polarización que los gobiernos “progresistas” han generado, la defensa de un segundo principio: El de “no discriminación”, avanzando de una optica de una democracia “de mayorías” a una visión de “democracia de derechos”. Esto significa estar alertas a políticas de criminalización, exclusión y ostracismo como mecanismo de retaliación en el escenario del recambio burocrático de la gestión estatal. Dicho lo anterior, seguir trabajando por la defensa de comunidades campesinas e indígenas frente al avance del extractivismo, un modelo de desarrollo que se ha profundizado en la región contando con el consenso de los gobiernos “progresistas” y “conservadores”, y que seguramente continuará en la gestión de estos nuevos gobiernos, los cuales aumentaran la participación del sector privado, nacional o extranjero, generando mayores condiciones favorables para la inversión a costa de aumentar los impactos socio-ambientales”.

Cabe mencionar además que los gobiernos de izquierda o simplemente progresistas, no sólo son los presidenciales, si no también incluyen a la multitud de alcaldes y gobernadores en las distintas ciudades y regiones que conforman la región, y donde se da la misma dinámica que en el caso de los presidentes. Está el caso de Bogotá por ejemplo, donde el alcalde que entró en funciones este año ha elaborado un plan de gobierno bastante opuesto al del anterior alcalde, de izquierda.

A modo de conclusión, y ya que hablamos de Colombia, conversamos también con Catalina Restrepo, trabajadora social y experta en derechos humanos colombiana, sobre los retos a futuro para los derechos humanos en la región, ella manifiesta que: “podría decirse que el giro ideológico por el cual está pasando Latinoamérica traerá retos no solo en términos económicos (los ya mencionados por los analistas) si no en razón del ejercicio de los Derechos Humanos. Tanto derecha como izquierda tienen sus propias concepciones al respecto; y si bien la izquierda en campaña se muestra como un escenario de ejercicio de libertades y reivindicaciones; las realidades del poder y la coyuntura económica hicieron que la vara quedara alta ante las expectativas de muchos sectores de la población y la sociedad civil. Se trata entonces de que los sucesivos gobiernos, sean del espectro político que sean, no solo asuman las deudas actuales en materia de DDHH, sino que demuestren que su visión de éstos compagina con las necesidades actuales de los territorios que esperan aumentar sus derechos, no verlos reducidos”.