¿Pública o privada? La educación argentina en tensión

Abstract: Education in Argentina is reaching record high levels of public investment. Nonetheless, many families choose private schooling for their children. The relationship between the State and Teacher’s Unions is undergoing tensions which may delevop in the next few years. Which public policies could strengthen public schooling?

La inversión pública en educación ha alcanzado niveles récord en los últimos años en la Argentina, a partir de una ley que obliga al Estado a destinar un porcentaje del Producto Interno Bruto a las escuelas -en la actualidad supera los 6 puntos porcentuales-. Otra norma vigente fija pisos mínimos para los salarios docentes, que mejoraron sensiblemente con respecto a las últimas décadas.

Sin embargo, el sistema educativo continúa en tensión y en medio de polémicas a partir del comportamiento de las familias, que en buena medida se vuelcan a escuelas de gestión privada -todas ellas reguladas por el Estado y en muchos casos con subsidios provenientes de fondos públicos-.

Muchas de las escuelas de gestión privada en la Argentina dependen de la Iglesia Católica y si bien implican un gran esfuerzo económico para muchas familias, una gran mayoría de esos establecimientos cobran cuotas mensuales que no superan los 300 dólares.

El año pasado, el experto independiente en estadísticas sociales Ernesto Kritz destacó que entre 2003 y 2010 “hubo un aumento extraordinario en el presupuesto educativo, que hoy supera el 6 por ciento del PBI, 2 puntos y medio más que en 2003”, lo que definió como “el esfuerzo más importante realizado desde el Estado en una perspectiva a largo plazo de inclusión social”.

“Pero no obstante eso, la participación de la escuela pública en la matrícula total ha venido disminuyendo y aumentando la de las escuelas de gestión privada”, puntualizó.

Al respecto, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, reconoció que en todo el país “el número de alumnos en los primeros años de escuelas privadas se incrementó en cinco puntos porcentuales respecto a 2003”.

Para el funcionario, “la decisión de las familias de inscribir tempranamente a sus hijos en la educación privada tiene varias causas: amplios sectores de la sociedad argentina mejoraron su situación económica y eligen la escuela privada, que, en principio, les garantiza un servicio constante con escasas interrupciones”.

“A pesar de que en 2010 y 2011 se cumplieron los calendarios escolares, es cierto que la escuela pública, sobre todo la secundaria, aún no revierte su imagen de institución atravesada por conflictos constantes”, señaló el funcionario en una nota publicada en un diario de Buenos Aires.

De hecho, a mediados de 2012, los docentes de la provincia de Buenos Aires -que reúne la mayor matrícula escolar del país- realizaron paros para exigir el pago completo de su salario, en el marco de un conflicto presupuestario entre esa provincia y el gobierno nacional.

De todos modos, el ministro advirtió que no existe “una migración de la escuela de gestión estatal a la privada” ya que “los datos indican que la matriculación en la educación privada cae sensiblemente luego de los primeros grados, indicando un pasaje en sentido contrario: de la educación privada a la estatal”.

“Tal vez sea el momento de establecer mecanismos que generen una mayor presencia de los docentes en las aulas y una mayor presencia de las familias en la escuela, fortaleciendo la convicción de que para educar a un niño necesitamos del esfuerzo y compromiso de todos”, consideró el ministro.

La falta de continuidad en el dictado de clases suele ser uno de los elementos que vuelcan a las familias a los establecimientos privados, en los que las medidas de fuerza docentes tienen menos impacto.

La preocupación por este tema hizo que el Congreso dictara en 2003 una ley que obliga a las provincias -responsables de la administración de las escuelas- garantizar un mínimo de 180 días por año. Y en 2012 ese piso se amplió a 190 días como mínimo.

Pero la norma no se cumple en todo el país. Por ejemplo, en 2007,  siete provincias no alcanzaron el objetivo. docentes. En 2008, sólo dos provincias lograron el mínimo de días de clase en escuelas públicas.

A partir de la mejora en los salarios docentes en los últimos años, las medidas de fuerza -salvo en algunos casos, como en el de la provincia de Santa Cruz, donde reside menos del uno por ciento de la población- no se han extendido durante más que unos pocos días. Sin embargo, ante las negociaciones salariales que ocurren cada año, el peligro de que se interrumpa el dictado de clases por algún paro está latente.

Más allás de la preocupación por dotar a los niños de educación de calidad, en el marco de un importante descenso de la tasa de desocupación, para muchas familias es importante garantizarse que las escuelas funcionen, ya que no siempre cuentan con alternativas para el cuidado de los niños durante el día.

En tanto, desde una perspectiva crítica del Gobierno, el experto Alieto Guadagni advirtió en una nota publicada por un diario de Buenos Aires: “la Unesco indica la necesidad de un mínimo de 830 a 1000 horas de clase anuales, pero nuestras escuelas estatales están muy lejos de esta meta, ya que suponiendo que se cumpliera el calendario escolar de 180 días (que nunca se ha cumplido en todo el país), apenas tendríamos 720 horas anuales de clase”.

Así, luego de que aumentaran los fondos destinados al sistema educativo y mejoraron los salarios docentes afloran una serie de debates sobre la actividad de los maestros, la forma en que se desarrollan los contenidos y las decisiones que toman para evitar suspensiones en el dictado de clases.

Con seguridad el debate continuará en un país que consagró la educación pública y gratuita en distintas legislaciones a partir de comienzos del Siglo XX y que enfrenta desafíos en cuanto a la capacitación de su fuerza de trabajo en el contexto de la economía global.