Minería y agua: caso Cerro Blanco (Guatemala-El Salvador)

Abstract: In El Salvador, where access to potable water is yet to be acknowledged by the law as a guarantee to all citizens, therefore forcing the government to ensure it will be available to anyone, most water comes from Lempa River, which is highly contaminated. Being fed by many streams and rivers, its main contributor is Lake Güija, shared by Guatemala and El Salvador. One of the rivers that feed Lake Güija is to receive 6 tons of cyanide per day if a mining project is approved in Guatemala.

From the small lakeshore villages make a living out of fishing from Lake Güija or Lempa River to the 2.5 million people who currently reside in San Salvador’s metropolitan area, the health issues that could come from such a high level of cyanide in the potable water could be catastrophic. With no legal protection to potable water and the second highest levels of deforestation in Latin America, El Salvador’s water situation is quite difficult.

El territorio que ocupan los siete países centroamericanos es apenas superior en extensión a España. A pesar que esto representa una integración cultural fortísima, tal cercanía tiene resultados atroces en materia ambiental. Siendo todos –a excepción de Costa Rica–, países con sociedades virtualmente homogéneas y colapsadas, gobiernos de actuar paralelo y territorios sobrexplotados, es de esperar que las (no) acciones del vecino afecten profundamente al vecino. Esto es particularmente cierto en el ámbito ambiental.

Es de aclarar que el movimiento ambiental en El Salvador no es muy visible: las mismas caras siempre, hablando sobre los mismos temas. Esto pensaría cualquiera que no esté al tanto de la férrea lucha minera que se lleva a cabo en dos bastiones: Cabañas, contra Pacific Rim; Metapán, contra Gold Corp. Inc. En ambos casos, asesinatos y desapariciones han forzado a activistas de años, como el padre de una amiga cuyo nombre no puedo mencionar por razones de seguridad, dejen sus pueblos a prisa, corriendo en la noche, por luchar por el derecho a no morir porque el agua que bebemos esté cargada de residuos de cianuro.

Toda el agua potable que se consume en San Salvador, capital de El Salvador, proviene del Río Lempa. Éste se alimenta de vertientes que nacen en terrenos muy cercanos a la frontera con Guatemala, siendo uno de los principales el Lago de Güija. Parte de este lago, de 45km² de extensión, se asienta en el departamento guatemalteco de Jutiapa, no muy lejos del proyecto Cerro Blanco. Minas subterráneas de oro y plata que cuentan desde 2007 con permiso del gobierno guatemalteco para ser explotadas, con desechos de 6 toneladas diarias de cianuro que serán vertidos sobre riachuelos que desembocan en el Lago de Güija en El Salvador; éste a su vez alimenta al Río Lempa, responsable del 80% del suministro de agua potable a San Salvador, la capital de El Salvador. Esto sin intervención gubernamental alguna de éste último.

Dicta el protocolo que al nacer en territorio guatemalteco y encontrarse a solo catorce kilómetros de la frontera con El Salvador, tanto el Lago de Güija como su afluente en Jutiapa, el Río Ostúa, son considerados cuenca binacional y todo proyecto que pueda afectarles directamente debe consultarse con ambos países. Sin embargo, el congreso salvadoreño sólo conoció al respecto en 2009, luego del secuestro express de activistas salvadoreños antiminería en territorio guatemalteco. Después de ello y de la promesa de dar seguimiento al proyecto, nada se ha hecho en el congreso salvadoreño. Mientras tanto, la amenaza silente sigue aguardando en las aguas del Río Ostúa.

Entre Metapán, ciudad fronteriza con Guatemala, y San Salvador, hay ciento trece kilómetros. Desde los pueblos que pescan artesanalmente en el Lago de Güija hasta las populosas concentraciones urbanas de la capital, alrededor de 3 millones de personas consumen el agua que del lago inicia su recorrido por el territorio salvadoreño. En éste, el segundo país más deforestado del continente (solo superado por Haití) y con una crisis de cobertura de casi el 30% , la legislación no reconoce el acceso al agua potable como una garantía fundamental, donde ni la generación ni la conservación de mantos acuíferos parecen ser de importancia para el gobierno central, la vulnerabilidad del consumidor de agua potable en la capital y del pescador a pequeña escala de los riachuelos de occidente parece ser igual de alta e inevitable.