El peregrinaje campesino por atención sanitaria en Centroamérica
Abstract: Centralamericans believe that the rural misery portrayed by the media in the seventies is gone. Most peasants have left the countryside and now live in the cities or in the US, they assume, but this is not true. Governments have neglected health coverage – which is supposedly free and universal – in the rural areas across Central America and most of them have to actually cross the borders in order to get to the nearest hospital. What does crossing the border in the pursuit of health assistance for a newborn mean to a peasant mother?
Cuando uno ve fotos de la Centroamérica rural de hace cuarenta años, es natural indignarse. Lo retratado suelen ser vacas y gente famélica, niños batallando por cargar cántaros con agua a través de los cultivos o madres llorando desesperadas con un infante enfermo en brazos. Parece todo tan inhóspito que cuesta creer que han pasado cuarenta años y que la gente de esas fotos murió en los conflictos bélicos o emigró y ahí reside el consuelo de esas fotos: quienes las protagonizan sufrieron, pero ya no. Ya no viven ahí. Acabaron las guerras, se modernizaron los estados. En el campo no vive nadie. Creer esto es un grave error.
Honduras limita al sur con El Salvador. A lo largo de la frontera hay cultivos de caña y de maíz que arropan la miseria de siempre: el hambre, las familias numerosas, el subempleo. En los sembradíos centroamericanos sigue siendo la década de los setenta muy a pesar de que ahora hay pesticidas, teléfonos celulares y remesas. Un recorrido veloz por Nueva Ocotepeque, municipio hondureño que colinda el salvadoreño Citalá, revela cualquier día un tránsito lento y penoso de madres que cruzan la frontera cargando bebés febriles bajo el sol. El pacto migratorio entre cuatro países de la región (Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador) permite paso libre a sus ciudadanos sin mayor requisito que presentar una identificación válida en las aduanas, así que esas mujeres no tienen por qué decirle al agente migratorio que van a El Salvador a buscar lo que en Honduras no encuentran: un médico para sus hijos. No deberán decir que el hospital más cercano está en un país que no es el suyo. Esto se repite también en la frontera entre Guatemala y Belice; entre Nicaragua y Costa Rica.
Cruzar la frontera entre Honduras y El Salvador es fácil, lo difícil es hacerlo huyendo de la falta de centros de salud para verificar que la miseria de Nueva Ocotepeque es la misma de Citalá y que la madre hondureña del hijo enfermo tendrá que ir mucho más lejos de lo planeado. A Chalatenango, con suerte. Son setenta kilómetros lejos de casa y quizá llegar de Citalá a Chalatenango le cueste USD $2, lo que pensaba gastar en la semana. Un hijo enfermo en el campo implica no sólo el gasto de llegar al hospital más cercano (a setenta kilómetros de casa en un país que no es el propio), sino el no poder costearse la comida o el regreso a casa. Los hospitales del interior de El Salvador están repletos de madres que duermen junto a sus hijos y que sacan eventualmente una galleta de su bolsa, su única comida del día. Estos mismos hospitales (los de Chalatenango y San Miguel, dos de las ciudades más grandes del interior de El Salvador) tienen el mayor número de quejas por la calidad del servicio, cosa que sus directores acusan en la falta de presupuesto y la sobredemanda de atención médica. A esto se enfrenta la mujer hondureña que carga a su hijo febril porque no tiene otra opción.
El de Chalatenango es un hospital general, sin una sección de pediatría adecuada. Si el hijo de la madre hondureña tiene una afección seria, deberá ser enviado al único hospital de pediatría de El Salvador, a la capital, en una ambulancia. Estarán entonces a 105 kilómetros de casa. La madre hondureña tomará sus galletas e irá con su hijo a dormir sobre el piso de otro hospital sin presupuesto y con sobredemanda, contemplando la opción de mendigar si es que acaso le toca comprar medicinas.
Esta situación se repite a lo largo de las zonas fronterizas de Centroamérica. Las constituciones de sus países declaran universal y gratuito el acceso a la salud, pero poco hacen por garantizarlo. La cartera de salud pública en El Salvador recibió en 2013 menos del 1% del Presupuesto General de la Nación. En Honduras, la misma entidad recibió más de USD$500 millones, pero deberá despedir a parte del personal médico por carencias presupuestarias.
La atención médica a los migrantes es algo que también resuena, por ejemplo, en Costa Rica. El flujo de nicaragüenses que cruzan la frontera natural del Río San Juan ha sido sujeto de ajuste migratorio, mas su situación laboral es a menudo irregular y esto reduce la discusión del tema a la perspectiva del costo social. ¿Qué pasa cuando un país debe absorber las carencias de los servicios que no procura el vecino? ¿Cómo se afrontan las carencias nacionales en cobertura de salud universal y gratuita cuando el déficit es regional? Mientras estas preguntas siguen en el olvido, las madres siguen cruzando las fronteras en busca de un médico.
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