¿Es la revocatoria una auténtica manifestación popular?

Abstract: Democracies in Latin America have been going back and forth, which rather than displaying them fragile, shows that the continent seeks its own ways when it comes to politics.

Recent processes (or attempts) to revoke politicians in countries like Peru, Colombia, Argentina and Bolivia, bring out a particular political climate for the region, which is unprecedented in other geographical areas, and to proceed with its analysis we will need to go back to a history, a little more distant, in which not all had the right to vote. Through this article, and from the voice of some theorists, it aims to highlight that when it comes to talking about revocations the issue goes beyond join citizens or collect firms. Could Revocation be an undemocratic process? (English version here.)

Aunque la historia de la democracia en Latinoamérica viene desde las primeras décadas del siglo XIX, doscientos años después se sigue hablando de “democracias jóvenes” e incluso precarias, al referirse a los distintos países de la región. Y ciertamente la democracia en Latinoamérica es una sucesión de revoluciones, caudillos, golpes militares, dictaduras, dictablandas e intervencionismo de potencias extranjeras, pero es también una historia de exclusión y desigualdad social y de cómo la democracia fue pasando poco a poco de ser un asunto de las élites a uno cada vez más “popular” e inclusivo.

En el caso peruano por ejemplo, las primeras elecciones se realizaron en 1809 para elegir a los diputados de las Cortes de Cádiz, las cuales estipulaban que para votar se debía tener un mínimo de renta, por lo que los primeros votantes fueron miembros de la élite criolla de las grandes ciudades del Virreinato del Perú. La misma restricción se mantuvo para las elecciones constituyentes o presidenciales durante los primeros años de la independencia (alcanzada en 1821). Las primeras elecciones presidenciales “populares”, tuvieron lugar en 1850 y se realizaron bajo la modalidad de sufragio indirecto.

Sin embargo hay que recordar que la base electoral del país era bastante reducida, por ejemplo en las elecciones de 1872 participaron solo 3,778 electores, estimándose que los mayores de 20 años en esa época rondaban el millón de personas. No votaban las mujeres, ni los analfabetos (lo cual era significativo, 85%, en un país con grandes masas de indígenas sin acceso a la educación) , y por otra parte la esclavitud no hacía muchos años que había dejado de ser legal en el país. Pero esta base electoral lentamente se ha ido ampliando, por ejemplo, cuando la mujer adquiere derecho a voto en 1955. Prosigue en 1979 cuando se le otorga el derecho a voto a los analfabetos y en el 2005 cuando se les permite votar a los policías y militares en ejercicio.

Otro tipo de ampliación democrática se da cuando se establece que los alcaldes y autoridades locales sean elegidos por el voto popular, cosa que no siempre ha sido así en el Perú y en varios países latinoamericanos. Pero hay otras formas de participación democrática aparte de la democracia representativa que se ejerce cuando elegimos representantes, y es la democracia directa, ejercida en los referendos y las revocatorias.

Cartel de una campaña a favor de un proceso de revocatoria. Foto de elisharene en Flickr, bajo licencia Attribution-Non Commercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0) de Creative Commons.

En el caso específico de la revocatoria, este mecanismo existe en el Perú desde 1994, y ha sido ejercido ya en ocho oportunidades, habiéndose revocado de esta manera casi 300 alcaldes en diferentes distritos del país. Pero, y a este punto quería llegar, es recién cuando se logra plantear un proceso de revocatoria en Lima que de pronto surgen voces preguntando cómo es posible que se permita la existencia de un instrumento que debilita la democracia. Algo similar a lo que sucedió con el terrorismo, que no fue si no hasta que atacó Lima, que muchos tomaron conciencia de su existencia y la necesidad de enfrentarlo.

Pero, ¿puede volverse antidemocrático un proceso legítimamente democrático? ¿O sólo se trata de mejorar la legislación existente para no permitir abusos en el uso del procedimiento? El analista político Steve Levitsky por ejemplo, habla de ciertas normas básicas (y tácitas) sobre el comportamiento de los ganadores y perdedores en los procesos electorales, y cuya violación puede iniciar un conflicto que termina en una ruptura constitucional, citando ejemplos de Ecuador, Bolivia y Venezuela.

El sociólogo Fernando Tuesta por su parte incide en que más allá del derecho ciudadano a la revocatoria, su uso es fuertemente promovido por los candidatos derrotados en las elecciones municipales y regionales y que tratan de revocar al conjunto del concejo, para que se realicen nuevas elecciones municipales y probar nuevamente suerte, es decir, una suerte de venganza política.

El analista Fernando Romero destaca que los métodos usados por los promotores de la revocatoria para lograr la cantidad de firmas necesarias han sido poco santos, yendo de la compra de firmas a las acusaciones falsas y el agrandar los errores de las autoridades. Cosas que en realidad se puede decir de casi cualquier campaña electoral, y no sólo en el Perú.

Las mismas intenciones evidenciadas en esta campaña revocatoria limeña podrían ser las que subyacen detrás de la iniciativa de revocatoria al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y quizás las que hay detrás de la iniciativa para lograr incluir en la Constitución la revocatoria del Congreso colombiano. Adicionalmente, como para completar el panorama latinoamericano en lo que compete a procesos de revocatoria de mandato: Bolivia se encuentran en pleno proceso de recolección de firmas para revocación de autoridades locales, y en Argentina se da algo similar para un Intendente en Bariloche (si bien las leyes electorales de Argentina no contemplan la revocatoria, algunas constituciones locales sí lo hacen). Por otra parte en Ecuador los procesos de revocatoria de mandato se encuentran suspendidos desde el 2011, y en Chile no se contempla la figura. En Venezuela se ha utilizado más la figura del referendo que la revocatoria.

El estudioso Alán García Campos reúne argumentos a favor y en contra de los procesos de revocatoria, por ejemplo a favor menciona entre otros: que genera una ciudadanía atenta, es un incentivo a la responsabilidad, es una válvula liberadora, es una alternativa ante la dificultad de otros procedimientos, fortalece el sistema representativo. En contra apunta los siguientes argumentos: es contraria a la idea republicana de gobierno, es disruptiva, polarizada y altamente divisible, puede tener consecuencias contraproducentes, puede usarse para fines indeseables, es un proceso de votación costoso.

Así pues, vemos que esta herramienta democrática mientras se ha ido popularizando en la región, su uso resulta cada vez más controvertido, lo que de alguna manera demuestra la compleja relación que existe entre el Estado y sus ciudadanos. ¿Debe restringirse o fomentarse aún más la masiva participación ciudadana? ¿Es el mandato popular siempre lo más adecuado? ¿Hasta qué grado deben estar sujetos los gobernantes a la voluntad popular? Son preguntas que demuestran que la democracia en Latinoamérica, más que ser joven y precaria, está luchando por encontrar su propio camino y al avanzar en él, plantea cuestiones que resultan inéditas en otros ámbitos geográficos.