¿Inversión social o derroche público? Brasil camino a la Copa

IV Marcha Brasil Contra a Corrupção. Foto del Movimento Brasil Contra a Corrupção, (CC BY-NC-SA 2.0)

Abstract: In contrast to the calls for austerity made by European governments in recent months, the Brazilian government defends the idea that social and public investment is the way that states can overcome the specter of recession and bankruptcy. In Brazil, this policy has resulted in a program implemented since 2003 and is known as Bolsa Familia, which provides a monthly subsidy of nearly $ 40 for families who are in poverty. According to official statistics, between 2003 and 2011 this program took out of extreme poverty nearly 30 million people, getting to reach the goals set by the UN for 25 years in just 5. Today it is considered the largest income conditioned transfer program of the world and one of the main supports of the “Brazilian miracle”. These surprising results, however, contrast with everything that has generated the adequacy of the country for the 2014 FIFA World Cup, which prompted thousands of people to the streets to protest against an expense that is seen as wasteful and overdone.

Contrario a lo acontecido en Europa en materia económica durante los últimos meses, el gobierno brasileño se ha empeñado en defender la idea de que no es en la austeridad sino en la inversión pública y social que los estados pueden superar el fantasma de la recesión y la quiebra. Esto lo afirmó de manera vehemente Dilma Rousseff hace algunos meses durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cádiz. En su discurso, exhortaba a los gobiernos europeos a no sobreponer la estabilidad fiscal sobre el bienestar de los ciudadanos. Por el contrario, la tarea debería ser incentivar el consumo a través de la subvención a los más pobres. En Brasil esta política se ha traducido en un programa implementado desde 2003 y que se conoce como “Bolsa Familia”, el cual otorga un subsidio mensual cercano a los 40 dólares a familias que se encuentran en la pobreza. Según cifras oficiales, entre el 2003 y 2011 el programa sacó de la pobreza extrema a cerca de 30 millones de personas, consiguiendo alcanzar las metas establecidas por la ONU para 25 años en tan sólo 5. En la actualidad es considerado el mayor programa de transferencias de ingresos condicionados del mundo y uno de los principales soportes del llamado “milagro brasileño”.

Tan sorprendentes resultados, sin embargo, contrastan con todo aquello que ha generado la adecuación del país para la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2014, y que, entre otras cuestiones, llevó a miles de personas a las calles para protestar contra un gasto que es visto como inocuo, derrochador y exagerado. Inversión extranjera, mejoras en infraestructura, generación de empleo, promoción internacional y turismo en cantidades inimaginables, son los argumentos con los que el gobierno de Dilma Rousseff defiende una inversión que ya ha superado toda expectativa: 9.000 millones de euros, y que se espera que suba al menos un 18% más. ¡Más del doble del Mundial realizado en Suráfrica!

Esto ha indignado a muchos brasileños, que consideran que sus necesidades fundamentales han sido aplazadas, desplazadas y reemplazadas por gastos en obras que no van a solucionar sus problemas urgentes y que no van a perdurar más allá del publicitado evento. Algunos ejemplos ponen en evidencia esta situación: en el distrito de Itaquera, en Sao Paulo, cuyo estadio será el escenario de la inauguración del mundial, fueron suspendidas las obras de corredores viales y de construcción de una terminal de buses para el transporte urbano; en la ciudad de Fortaleza se construye un inmenso acuario para los turistas con un costo calculado en 124 millones de dólares, mientras el estado de Ceará vive una de sus peores sequías; en Natal y Recife las obras en hoteles e infraestructura turística están afectando gravemente reservas naturales y ecológicas. El gobierno ha explicado que muchas de las inversiones provienen de alianzas con bancos e inversionistas privados, además de los propios estados, y que no son tantos los recursos públicos que se han desviado para financiar el evento. Sin embargo, lo que indigna a muchos es que estas obras, construidas con dineros públicos, serán entregadas para su administración a empresas privadas.

Los efectos de adecuar el país al padrón FIFA los están pagando quienes nada tienen que ver, y que tampoco tienen mucho que ganar con ello. Representantes de organizaciones sociales señalan que las reubicaciones y desplazamientos forzados afectan a cerca de 170 mil personas. Un preocupante ejemplo ha sido el de la antigua e histórica favela del Morro da Providencia de Río de Janeiro donde, de un momento a otro, aparecieron marcas en las casas que habrían de ser demolidas. La alcaldía de Río señaló que la compra de estas casas obedecía a un proyecto de expansión urbana largamente planeado. Sin embargo, el Fórum Comunitário de Porto, organización que reúne a los afectados por las obras vinculadas con el Mundial, ha señalado que se trata de un agresivo proceso de expansión inmobiliaria, en medio de un clima de especulación sin precedentes, y cuyos fines son específicos y determinados: el Morro da Providencia tiene una de las mejores vistas de Río. Esta situación ha sido denunciada en el documental Casas Marcadas, que muestra el desalojo y desplazamiento obligatorio a que han sido sometidos los habitantes de la favela. Similar situación la padeció la comunidad indígena de la llamada Aldeia Maracaná, quienes fueron desalojados hace poco más de un mes en medio de la euforia urbanística de las obras para el Mundial.

Hace poco más de dos años fue aprobada en el Congreso brasileño la Ley General de la Copa, requisito impuesto por la FIFA para garantizar el desarrollo del mundial. Uno de los puntos de la citada ley, el controvertido artículo 11, establece una zona de exclusión tanto en los Estadios como en las zonas aledañas (hasta 2 Km.), donde la FIFA ejercerá la autoridad absoluta e incuestionable, con sus propias fuerzas de seguridad y donde las autoridades brasileñas quedarán a su arbitrio. En esa zona de exclusión, la FIFA tendrá la exclusividad en el comercio de sus marcas y productos, pudiendo perseguir y castigar a quienes intenten lucrarse vendiendo cualquier tipo de producto alusivo a la Copa. Incluso bares y restaurantes están impedidos de hacer ningún tipo de alusión al mundial sin su consentimiento. En términos claros y específicos, esto significa que nadie más que la FIFA y sus asociados se podrá lucrar con el evento, que es lo contrario a lo expresado, de manera tan optimista, por los defensores de la Copa, que tampoco mencionan la exención total de impuestos tanto de la FIFA como de aquellos por ella indicados.

La paradoja está planteada. Mientras el gobierno defiende sus programas de inversión social para los más pobres, la inversión de recursos públicos en obras que no van a reportar un beneficio importante para los brasileños desborda todas las previsiones. Más que inversión, esto es visto como un peligroso derroche de recursos que puede llevar a un estruendoso fracaso.  Sudáfrica aún está padeciendo los efectos del mundial de 2010, y la prosperidad y beneficios quedaron sepultados en inútiles moles de cemento.