Los problemas de la gran minería en Perú

Abstract: In times of globalization and search for economic development, the mining industry is with no doubt one field that generates love and hate. Beyond socioenvironmental conflict there is a whole sociopolitical spectrum permeating this industry that has its parallel, and some antithesis, in the discourses about climate change and environmental protection.

Peru, a rich mineral resources country, does not escape the complexities resulting from the relations of communities of Cajamarca and Huancavelica, with various mining companies. Questions arising in this article revolve around why just the mining areas with more presence present some of the lowest rates in terms of economic development, and social aspects in general. Similarly, there is a concern about the actual benefit derived from mining for the average citizen of a country like Peru and the legislative challenges needed.

Mina Tintaya, Cusco. Foto de David Baggins en Flickr, bajo licencia de Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.0 Genérica (CC BY-NC-ND 2.0)

Una antigua frase muy conocida entre los peruanos reza: “El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”. Aunque hasta ahora genera debates su interpretación, de alguna manera representa una idea que es bastante aceptada por buena  parte de la población: que el país es pobre porque no sabe aprovechar sus propios recursos. Sin embargo, la frase también puede ser interpretada como que el peruano común y corriente no se beneficia de los recursos del país. La pregunta que puede hacerse a continuación entonces es ¿y quién se beneficia?

El Perú es, desde tiempos de la colonia, un país minero, y últimamente este sector económico vive un auge, con multimillonarias inversiones y operaciones de gran magnitud. Pero hace unos meses se conoció por ejemplo, que son precisamente las regiones mineras donde hay mayor desnutrición infantil. No solo eso, el índice nacional de pobreza extrema del 2011 está encabezado por regiones como Cajamarca y Huancavelica, tradicionalmente mineras también.

Ambos casos son bastante representativos de los problemas relacionados con la explotación minera en el Perú. Cajamarca es desde hace meses, escenario de las continuas protestas contra la minera Conga, un mega proyecto que a decir de sus opositores causará un daño irreparable a las cabeceras de cuenca y humedales de la zona, perjudicando a los agricultores y pastores que viven allí. En Huancavelica, por su parte, se encuentra la mina Santa Bárbara, una de las más importantes en la época de la colonia, y actualmente operan en la región varias minas del grupo Buenaventura, (propiedad de Alberto Benavides, el segundo hombre más rico del Perú,) así como la mina Cobriza, administrada por la Doe Run, entre varias otras.

Desigualdades de este tipo son las que se constituyeron en caldo de cultivo para el fenómeno terrorista por ejemplo, que las explicaba desde la doctrina marxista. Sin embargo, una explicación más práctica viene desde el lado empresarial. Las modernas operaciones mineras requieren relativamente poco personal y ese poco personal suele ser altamente calificado; los modelos de integración empresarial hacen que el impacto de la adquisición de insumos en la zona sea bajo; y finalmente, la estructura tributaria hace que no se tribute en la zona sino en la capital de la república.

El gobierno tiene un programa de redistribución de ingresos a través del canon minero, mediante el cual asigna parte de los ingresos del Estado por concepto de tributos pagados por las empresas mineras a los gobiernos regionales y locales, sin embargo esto ha demostrado no ser muy efectivo, sobre todo por la poca capacidad de los gobiernos regionales y locales para la ejecución de estos recursos.

Mina Raura, Lima. Foto de Victor Romero Valladares en Flickr, bajo licencia de Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.0 Genérica (CC BY-NC-ND 2.0).

Las principales empresas mineras suelen dedicar buena cantidad de recursos a obras de bien social y recuperación ambiental (ver casos de Yanacocha y Antamina), pero o no son adecuadamente comunicados o no es lo que realmente espera la gente, de otra manera no se explican los continuos reclamos y protestas contra las mineras.

El gobierno, por lo general, suele tildar a los reclamos anti mineros de “políticos“, y que tras ellos está el accionar de ONG internacionales, incluso se desliza por ahí la opción de que se trate de algún tipo de mala práctica competitiva de países vecinos. Los empresarios mineros, por su parte, no dudan en exponer las bondades de la minería y que lo que sucede es una especie de chantaje de los “grupos antimineros”.

La Defensoría del Pueblo, en su reporte mensual de conflictos sociales correspondiente al mes de setiembre 2012 (PDF), detalla que hay 167 conflictos sociales activos en el Perú. De esa cantidad, el 75% corresponde a conflictos del tipo socioambiental, que es donde se ubican mayormente los conflictos con las mineras. Esto nos da una idea de la relación conflictiva que mantienen las comunidades con las empresas mineras.

Estos conflictos tienen su origen en una serie de factores entre los que tenemos: contaminación o riesgo de contaminación que afecta las actividades económicas o la vida misma de la población, la falta de lo que se ha dado en llamar “licencia social” y una inadecuada redistribución de los beneficios producidos con la actividad minera, en las que no pocas veces, la comunidad es sólo un expectador sin mayor participación.

Si a esto añadimos que las empresas mineras en su afán de conseguir la aceptación comunal suelen dividir a la población favoreciendo de diversas maneras al sector que apoya sus actividades, tendremos una mejor idea del tipo de situación que se repite una y otra vez en el país. El gobierno, al tomar partido del lado de la inversión, no es visto como un interlocutor válido a la hora de resolver conflictos tampoco.

Así pues, nos encontramos en una especie de círculo vicioso. Las comunidades reclaman más y mejores servicios y nivel de vida. El gobierno para atender estas necesidades requiere más inversiones y producción. Pero esta inversión se ve frenada por las protestas de las comunidades que, por diversos motivos, se oponen a grandes proyectos de extracción de recursos en sus zonas.

Para salir de esto, el rol del Estado es clave brindando un mejor y más justo marco legal tanto a las empresas como a las comunidades, así como mediando adecuada e imparcialmente a la hora de resolver conflictos. Pero la sociedad civil también debe jugar un papel responsable, ayudando a empoderar las capacidades de los gobiernos locales para dar un mejor uso a los recursos que obtengan y que nadie se sienta que sigue siendo “un mendigo en un banco de oro” mientras observa que otros se llevan la riqueza de su localidad.

Mina Cerro de Pasco. Foto de SkyTruth en Flickr, bajo licencia de Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.0 Genérica (CC BY-NC-SA 2.0).