Austeridad en el trópico: antes y ahora

Billetes resellados durante la administración sandinista de los años 80 son vendidos como objetos curiosos en páginas de subastas en la web. Captura de pantalla hecha por la autora.

Abstract: Every time I hear the word “austerity” very concrete memories come to mind. I think of Nicaragua during the Sandinista Revolution of the 80’s, when the government took severe austerity measures in order to tackle the strict economic embargo that the US imposed on the Central American country. These measures impacted everybody living during those years in Nicaragua. But the concept of austerity in present day has a different shape and even a different effect on people. What did “austerity” imply in the 80’s in a country at war like Nicaragua? What does it involve in 2013 in a country that is building its democracy like its neighbor El Salvador?

Cada vez que escucho la palabra “austeridad” vuelven de inmediato a mi mente recuerdos muy específicos de los años 80 en Nicaragua.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) implementó en aquel entonces lo que sería un programa permanente de austeridad que involucraba desde el óptimo uso de los pocos recursos disponibles hasta la reducción del número de empleados e instituciones estatales.

La inyección diaria de dinero y recursos que el gobierno de los Estados Unidos brindaba a la Contra había provocado una guerra de desgaste contra los sandinistas, que junto con el embargo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, deterioró la ya débil economía nicaragüense. La hiperinflación, que llegó a acumular una devaluación de más del 3,000%, era imparable.

La austeridad se convirtió no sólo en una política de Estado que se implementó gradualmente a lo largo de los 80, sino en una disciplina que debíamos incorporar a una situación de por sí ya limitada, gracias al embargo. Lo poco que el gobierno recibía como donación o producía por su cuenta debía ser repartido equitativamente entre la población. Aparecieron las tarjetas de distribución (o racionamiento) de alimentos y bienes que limitaban a la población la cantidad de compra de ciertos productos en escasez permanente como aceite, arroz, frijoles, jabón, azúcar, papel higiénico, bombillos eléctricos y otros. La gasolina también fue racionada y se repartía según cuotas que se reclamaban en las gasolineras mediante cupones asignados de acuerdo al oficio o actividad económica que se desempeñaba.

La austeridad en las oficinas gubernamentales de aquel entonces cobraba formas diversas. Toda la papelería de oficina debería usarse a dos caras, es decir, los dos lados de las hojas de papel deberían escribirse. Todavía se usaban máquinas de escribir. Cuando se acabara el lado negro de la cinta, era obligación utilizar la parte roja también, por lo menos para hacer informes internos. Las hojas de papel carbón debían usarse hasta que la copia hecha con ella ya no fuera legible. No se entregaban nuevos lápices a nadie a menos que se enseñara el canuto del lápiz anterior, que debía usarse hasta el fin.

Los horarios de oficina se ajustaron de manera que la gente aprovechara el mayor horario de luz solar posible. Ninguna fotocopiadora o equipo eléctrico deberían usarse sin justificación. Nunca había café caliente para nadie. Los aires acondicionados deberían usarse sólo un par de horas al día (y con el calor que hace en Managua, cuyas temperaturas pueden rozar los 40° centígrados entre marzo y abril, esto implicaba tener que soportar mucho calor). Sólo los despachos de los Ministros y Vice-Ministros tenían encendido el aire acondicionado siempre.

La medida más fuerte que tomó el gobierno sandinista fue lo que llegó a ser conocido como “plan de compactación”, mediante el cual se unieron varios ministerios, eliminando plazas del sector estatal para ahorrar gastos. Este plan terminó suprimiendo unos 20 mil empleos (entre trabajadores del gobierno central, empresas estatales y entidades autónomas), que fueron “compactados” entre 1988 y 1989. Ese plan de compactación estatal continuó hasta 1995, incluso bajo el gobierno neo-liberal de Violeta Barrios de Chamorro, generando un total de 50 mil empleados que perdieron sus puestos de trabajo.

La austeridad de aquellos años afectó a la población en general. Solamente los que ganaban salarios en dólares podían salir a flote ya que acudían al mercado negro para lograr un mejor cambio que la tasa oficial, permitiéndoles el acceso a bienes escasos pagando precios que un empleado normal no podía permitirse.

Muchos años después, vuelve a sonar con fuerza la palabra “austeridad”, primero relacionada con la crisis económica del 2008 y con las crisis recientes de Grecia y España. Y más recientemente porque el gobierno salvadoreño decretó en el 2012 un “Plan de ahorro y austeridad” en las instituciones del Estado. Algunas de las medidas obligatorias para las instituciones públicas consisten en el uso de la tecnología para evitar gastos de papelería, medir el consumo de agua y energía eléctrica, limitar la compra de teléfonos celulares, evitar celebraciones internas como Navidades, disminuir los montos que se pagan por alquiler de inmuebles y la no contratación de personal en plazas vacantes.

Este plan también incluye mecanismos para que personas en edad de retiro se jubilen y no vuelvan a ser recontratadas dentro del Estado (lo cual significará un ahorro de 17 millones de dólares), así como paquetes fiscales que permiten al Ministerio de Hacienda cumplir con las metas fiscales del acuerdo “Stand By” del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según declaraciones del Ministro de Hacienda Carlos Cáceres: “La meta es tener niveles de deuda sostenible y un déficit fiscal de $750 millones, y ese es el sacrificio que estamos tratando de hacer tranquilamente para que la población no sufra”. Mientras tanto, en días recientes, Cáceres habló de impulsar un nuevo paquete fiscal, que conlleva más medidas de ahorro para el gobierno y mayor tributación para la ciudadanía.

Quizás la austeridad del actual gobierno salvadoreño es difícil de percibir porque aparenta no afectar al ciudadano común. Pero recortes en los presupuestos de gobierno significa también recortes en programas o áreas que benefician a las mayorías, y se traduce en peor servicio para los ciudadanos y en efectos indirectos como el aumento del desempleo por los empleados que sean separados del gobierno.

Las medidas salvadoreñas de austeridad no tienen el mismo impacto o penetración que tuvieron las medidas de los sandinistas en los 80.  Si bien ambos períodos históricos y la historia de cada país es diferente, lo cierto es que la población siempre “sufre” cuando los gobiernos hablan de austeridad. La forma cambia, pero el fondo continúa siendo el mismo.