Entre nacionalizar y privatizar: buscando un equilibrio en Bolivia

Pintada alusiva a la Nacionalización del Gas en una calle de Uyuni, Bolivia. Foto de José Porras en Wikimedia Commons. Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Abstract
During the 90’s, Bolivia’s economic policies were driven by the principles of the Washington Consensus which had privatization of state-owned companies as one of its core principles. Multiple companies were nationalized and they produced very poor results as the private owners not only failed to deliver their promises but also prevented these companies to benefit the entire population. President Evo Morales rolled back this policy as his government nationalized a significant number of companies in order to “reclaim them for the people.” However, the outcome was far from optimal. Bolivia had to pay very expensive compensations, its image as a good place to invest has depleted.  Despite the fact that renegotiating with all multinational corporations handling Bolivian resources was a good idea, the country doesn’t benefit from extreme economic policies which antagonize companies and countries alike.

En el año 2000, el gobierno nacional buscó privatizar la empresa responsable de suministrar agua potable a mi ciudad natal, Cochabamba. El resultado fue un alza indiscriminada, excesiva y abusiva de los precios, aun para las familias con muy bajo consumo. Hubo un gran descontento popular y enormes protestas que culminaron con graves enfrentamientos que dejaron muertos y centenares de heridos. “La guerra del agua” marcó un hito en la historia nacional y demostró el descontento de la población por las políticas privatizadoras mal concebidas y peor aplicadas

Este descontento popular también se vio reflejado en “La guerra del gas” que se suscitó por la oposición a un plan gubernamental que exportaría gas natural a Estados Unidos y México. Utilizando puertos chilenos donde debían (inevitablemente) establecerse las plantas donde se licuaría el gas, las inversiones y los puestos de trabajo beneficiarían a Chile y no a Bolivia. Los enfrentamientos causaron alrededor de 65 muertos.

Como resultado de este clima político y las deficiencias de los gobiernos de centro-derecha, se estableció una plataforma política liderada por dirigentes sindicales, campesinos e indígenas bajo las consignas de redistribuir las riquezas, la reforma a la Constitución Política del Estado y la ruptura total del modelo neo-liberal. El entonces diputado Evo Morales lideró este movimiento. Una de sus promesas políticas fue la de recuperar las antiguas empresas estatales que fueron capitalizadas, para así distribuir los beneficios económicos de manera más equitativa.

Tras su victoria en las elecciones de 2005, el gobierno nacional definió ciertos sectores estratégicos para el desarrollo del país y por tanto, las empresas que manejan dichos rubros debían ser nacionalizadas. Fue así que el presidente Morales comenzó a implementar una política de nacionalización que, a la fecha, ha nacionalizado 20 empresas produciendo resultados mixtos. Dos casos emblemáticos de dicho proceso fueron la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).

En mayo de 2006, el presidente Morales firmó un Decreto Supremo gracias al que Bolivia “recuperaría control de los hidrocarburos”. Esta decisión consistió en que las empresas iban a entregar 82% de las ganancias al Estado y se quedaban con el resto. Políticamente, la decisión fue muy acertada. Sin embargo, el proceso fue apresurado e impaciente. Como consecuencia, la producción de petróleo y gas natural no se incrementó como se había prometido y esperado. Además, la falta de inversión está atrofiando al sector, sin mencionar que el costo de las indemnizaciones es muy elevado (porque el país debe pagar un precio “justo” a los ex propietarios, quienes han iniciado una serie de demandas por la vía arbitral).

El segundo caso fue la nacionalización de ENTEL. El ex presidente de la República Carlos D. Mesa, sostiene que “[l]a nacionalización de ENTEL no modificó prácticamente nada, ni la calidad del servicio, ni las tarifas de la compañía cuando era manejada por extranjeros que cuando es manejada por el Estado; en el mejor de los casos todo continuó más o menos igual”. El proceso fue muy hostil y la compañía italiana ETI-EUROTELECOM presentó una demanda arbitral contra el Estado boliviano. Para evitar que el arbitraje continuara, el gobierno de Morales se vio obligado a pagar US$100 millones en indemnizaciones, además de asumir la deuda impositiva de la empresa, que excedía los US$150 millones.

Estos son solo dos de los casos en los cuales el proceso de nacionalización ha causado más daño que beneficios. Bolivia acaba de pagar US$390 millones a cinco empresas para frenar procesos arbitrales y todavía hay otras cinco que están demandando una indemnización combinada de US$ 1,835 millones. Estos alargados procesos, combinados con la retórica picante con la que Morales se refiere a las empresas multinacionales, están deteriorando severamente la imagen de Bolivia por la inseguridad jurídica y la falta de garantías a la inversión que, por los altos montos que se requieren, necesitan un importante componente extranjero. La escasa inversión extranjera es una de de las consecuencias más importantes que enfrenta el gobierno de Morales.

La política del gobierno de Morales responde al fracaso del Consenso de Washington en Bolivia. Durante los años 90, Bolivia basó su política económica en la desregularización, la apertura de los mercados y, sobre todo, la capitalización de las empresas estatales. La idea central de este proceso fue modernizar dichas empresas,  atraer capitales extranjeros, mejorar su capacidad administrativa y, más importante todavía, aliviar al Estado de la presión fiscal que administrar dichas empresas implicaba por los déficits que arrojaban. En total se capitalizaron 10 empresas del Estado, entre ellas YPFB, ENTEL, Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la aerolínea Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

Los resultados de estos esfuerzos en Bolivia fueron muy pobres puesto que los inversionistas privados no cumplieron con sus promesas y contratos, y hubieron reiterados casos de corrupción. Es cierto que la desregularización trajo, en cierta medida, mejoras en los servicios y rebaja de precios. Sin embargo, estas empresas no supieron asumir su responsabilidad social y los beneficios que trajeron favorecieron a una reducida parte de la población. Los gobernantes de Bolivia (y de casi toda la región), no supieron negociar protegiendo los intereses del país a la hora de privatizar, no fueron capaces de implantar con responsabilidad, coherencia y eficaz control, la privatización de las empresas en cuestión, e hicieron poco o nada para disminuir la pobreza.

Sin embargo, pasar de un extremo a otro tampoco es o será la respuesta. Bolivia, al igual que cualquier otro país en vías de desarrollo precisa, en ciertos sectores, de empresas extranjeras tanto por la inversión que traen como por la transferencia de tecnología.

Si de verdad se pretende que la explotación de los recursos naturales por empresas, estatales o privadas, beneficien a toda la población, se tiene que diseñar e implementar una verdadera política de desarrollo sostenible y sustentable, con fuerte énfasis en educación y salud, sin caer en los extremos mencionados y sus funestas consecuencias.